05 Ago Comunicado sobre la información «Los juicios rápidos por violencia de género se disparan a 410 en Valladolid» de El Norte de Castilla
Ante el artículo publicado en el Norte de Castilla el pasado miércoles 2 de agosto bajo el titular «Los juicios rápidos por violencia de género se disparan a 410 en Valladolid«, desde la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León queremos hacer algunas puntualizaciones:
Consideramos que es peligroso limitar la información a opiniones y sensaciones de un abogado en concreto. No ofrecer datos contribuye sin duda a ahondar en uno de los bulos más extendidos sobre la violencia de género, y es su uso torticero por parte de las mujeres. Es decir, se asegura la existencia de un fraude de ley, un argumento que desgraciadamente repite la ultraderecha -cabe recordar las afirmaciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León en sede parlamentaria sobre las mujeres «desalmadas que llevan a cabo este tipo de prácticas»-. Pero lejos de apoyar tales afirmaciones con datos, se limitan a una generalización que no concuerda con los datos ofrecidos por los distintos organismos oficiales.
«La amenaza de denunciar por maltrato si el marido no se aviene a los deseos de la mujer en relación a la custodia de los hijos o el reparto de los bienes no es, ni mucho menos, excepcional». Una frase tan vaga como peligrosa que, en boca de un abogado, cobra especial importancia por tendenciosa y manipuladora. Sería bueno que quienes sostienen este tipo de afirmaciones fueran capaces de ampararlas con datos.
Cifras como la que ofrece la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2022, que señala que solo un 0.0084% de las denuncias que se presentaron por violencia de género ese año fueron falsas. ¿Necesitan más datos? Entre 2009 y 2021 se registraron en España 153 sentencias condenatorias hacia falsas víctimas de un total de 1.870.923 denuncias por violencia de género. Es decir, una denuncia falsa por cada 12.000 presentadas.
Se habla en el artículo del aumentos de los juicios rápidos, y se señala que la mayoría de ellos derivan de «insultos, amenazas y vejaciones». Es evidente que otro tipo de delitos más graves no encajarían en los requisitos que se exigen para la celebración de los denominados juicios rápidos: que se inicie el juicio por medio de un atestado policial y se trate de delitos flagrantes, que la pena no exceda de los 5 o 10 años y que se estime que la instrucción del hecho punible será sencilla. Parece evidente que otro tipo de delitos más graves no encajan en esta casuística, con lo que no entendemos bien qué se pretende insinuar cuando se señala de forma tan directa la naturaleza «poco grave» de los hechos enjuiciados, cuando precisamente ese es uno de los supuestos que han de cumplir. Además, ha sido el legislador el que ha acotado esos requisitos, en ningún caso es decisión de las mujeres dirimir estos hechos en procesos de un tipo u otro.
Contrastan estas afirmaciones recogidas en el artículo con los datos que se ofrecen en la parte inferior. Cifras, en esta ocasión contrastadas, que hablan de 464 órdenes de protección a mujeres en la provincia de Valladolid dictadas durante 2022. Más de una mujer al día en la provincia vallisoletana requiere de medidas adicionales de protección contra su agresor. En total, desde 2009, casi 6.000 mujeres han pasado por este trance. Estos sí son datos oficiales frente a las fabulaciones y sensaciones personales de un profesional concreto de la abogacía.
De nuevo insistimos en la necesidad de elaborar informaciones responsables sobre asuntos de violencia de género. Aunque las divagaciones sobre este tema salen de boca de un particular, y son recogidas por una periodista, no cabe dar pábulo a afirmaciones que son tan fácilmente desmentidas con una simple búsqueda en internet.
Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad con la lucha contra la violencia de género -así se comprometieron los principales medios de la comunidad, hasta en dos ocasiones, 2006 y 2016, con sendas firmas de protocolos al respecto, ambas promovidas por la Junta de Castilla y León-. Por eso, pedimos a los compañeros, a las compañeras y a los medios de comunicación formación en perspectiva de género para evitar que afirmaciones tan deformadas, que ofrecen una imagen distorsionada de la realidad, sean al menos contrastadas con números.
